martes, 31 de diciembre de 2013

2013: 15 meses asistiendo impávidos al cambio de nuestro modelo sanitario

Me sumo a la moda de hacer repaso del año transcurrido cuando se acerca el siguiente. Desde el punto de vista de la endocrinología, podríamos hablar de la llegada de nuevos fármacos hipogluce-miantes (pero, ¿es esto una noticia?), de la supresión de los objetivos de control de LDL en las nuevas guías (¿la noticia sería ésta o la “estatinización” de un porcentaje nada despreciable de la población?) o algún otro sesudo-asunto-enfocado-desde-la-óptica-del-especialista.

Pero no, ya podéis intuir que no quiero hablar de eso. Para la noticia del año es que mientras el gobierno sigue apretando la tuerca del cambio del modelo sanitario, nosotros seguimos sentados en el sillón, como dirían los Celtas Cortos….

Desde la publicación del RD 16/2012 se podía percibir que éste destilaba ideología, perdón,  liberalismo del malo aderezado con racismo. Igualmente no era difícil apreciar que estaba orquestado por personas que podrían no llegar a vislumbrar las consecuencias de la barbaridad que estaban redactando (o sí...no sabemos qué sería peor).

Así, nos encontramos con que requirió múltiples correcciones inmediatas, algunas puras erratas, otras, de marcha atrás en toda regla. En esta última categoría entraría el intento de exclusión de todos los mayores de 26 años sin cotización a la Seguridad Social.

Recientemente nos hemos encontrado con algunas novedades como la exclusión de todas aquellas personas que residan más de 90 días al año fuera de territorio español. Otras merecen especial atención. Casi dos años más tarde de su publicación alguien parece haberse dado cuenta de que algunas medidas tienen un efecto boomerang indeseado (no creemos que hayan recapacitado sobre la naturaleza mezquina de la normativa, porque en este caso la hubiesen derogado por completo). Así, desde la web www.redaccionmedica.com tenemos acceso a un borrador de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación que se titula “Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública”. Procedo a resumirlo (os puedo asegurar que es difícil hacerlo sin que la desazón se apodere de uno):

No tiene autores reconocidos (por algo será) sino que viene firmado como hemos mencionado anteriormente por  la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, detrás de la cual ciertamente no sé qué tipo de personas/profesionales existen. Y veréis por qué lo digo.

Principio de los de enmarcar y repetir sin cesar (¿la ministra Mato habrá leído esta parte?): el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud (sólo de algunos/as, al parecer…). El Reglamento Sanitario Internacional establece el marco para “prevenir la propaga- ción internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y dar una respues- ta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública”. Y ahora viene lo mejor: los autores de este documento afirman (copio textualmente y puedo asegurar que no me invento ni una letra): “Cabe destacar que el alcance del Reglamento Sanitario Internacional no se limita a determinadas
enfermedades o modalidades de transmisión, sino que abarca toda dolencia, cualquiera que sea su origen que entrañe o pueda entrañar un daño importante para el ser humano”.

Pues bien, imagino que todo lo dicho anteriormente debe ser para que si alguien se quede ahí leyendo piense que vive en una sociedad civilizada. Y es que a partir de ese momento siguen:

- Se atreven a nombrar la Ley 3/1986 de “de medidas especiales en materia de salud pública”. Lástima que obvien otra de la que sólo le separan 11 leyes y 11 días de antigüedad: aquella que se denominó “General de Sanidad” y que decía algo como: Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: a) La extensión de sus servicios a toda la población.

- Reconocen que el RD 16/2012 deja sin atención a un colectivo de personas (sí, personas) sin atención sanitaria.

- Aunque anteriormente se han vanagloriado de conocer la Constitución y el Reglamento Sanitario Internacional, apenas un folio más adelante sufren una amnesia aguda y vienen a decir que en el fondo lo único que les interesa de la salud de las personas (sí, repito, personas) es aquella parte que puede afectar a los/as españoles/as y demás gente de bien: que si tienen algo contagioso o algún trastorno mental peligroso, perdón, en palabras textuales “que pueda poner en riesgo la salud pública” (esquizofrenia, trastornos delirantes persistentes, trastorno bipolar, trastorno depresivo recurrente, trastorno obsesivo compulsivo), podrán recibir asistencia sanitaria.

- Eso sí, se le atenderá pero deberá ser facturada dicha asistencia al usuario (sic) y esa factura; añaden: “se imputará a cargo de los convenios especiales que puedan ser formalizados por las CCAA o será remitida a través del órgano competente, a su país de origen, en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España”.

- La medicación necesaria, siempre que se demuestra la falta de recursos, se administrará en el mismo dispositivo de asistencia sanitaria.

- Y lo mejor, el apartado: “IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ATENDIDA EN SITUACIÓN DE
RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA”. Cuando lo leí creí que ahora describirían la técnica de redadas que harían por los suburbios de las ciudades en busca de los excluidos peligrosos (ya nos quedaba claro a estas alturas que los demás no les interesa, a menos que sea para deportarlos vía CIE). Pero no!! Mejor aún, dicen que si los excluidos que nos preocupan tenían identificación en el SNS se recupere ésta “a efectos clínicos”, sí, no vaya a ser que la recuperemos a efectos éticos… Y si no la tenían, pues que se le proporcione una “con la misma seguridad” (entendemos que se refieren aquí a que la tarjeta no sea inflamable…).

Y ahora, después de saber que esto es un borrador, sólo me queda seguir sentado en mi sillón y esperar al documento definitivo donde los/as autores/as seguro que me hacen quedar mal y son capaces de darle un barniz de HUMANIDAD a este desaguisado.

Si me concediesen la oportunidad de colaborar en la versión definitiva intentaría resolver las dudas que os han podido surgir leyendo esto:

- ¿La promoción y protección de salud es entonces un derecho? ¿Es un derecho universal? ¿Cuándo dicen universal se refieren a lo mismo que considera la RAE? Esto último no es capricho, es que vivimos en un país donde muchas personas sufren por cambios en el contenido de palabras como matrimonio, aborto, …

- Si la promoción de salud es un derecho universal, ¿seguiremos escribiendo que eso es sólo para los/as asegurados/as y beneficiarios/as?

- Si la promoción de la salud es un derecho universal y nos hemos leído la Constitución y el Reglamento Sanitario Internacional, ¿tendremos piedad de todas las condiciones que amenacen la salud de todas las personas o eso de la piedad es sólo cosa de los domingos?

- Si la promoción de la salud es un derecho universal, ¿cómo identificaremos a los enfermos excluidos peligrosos si les estamos a la vez negando la asistencia sanitaria? ¿mandaremos patrullas de profesionales de salud mental a barrer las calles en su búsqueda? ¿también lo haremos con pruebas para VIH, hepatitis, etc? ¿qué criterios elegiremos para seleccionar los individuos “sospechosos”?

- Cuando todo eso lo tengamos resuelto, ¿haremos tarjetas sanitarias “vale-por-el-tratamiento de-su-tuberculosis-pero-quedan-excluidos-otros-procesos-como-ese-cáncer-no-contagioso-que-padece-a-menos-que-una-metástasis-cerebral-le-cambie-su-comportamiento-y-comience-a-ser-peligroso-para-los-asegurados-de-bien”?

@AJesusBlanco

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